Como se observa, a lo largo de la historia, el Perú se ha visto afectada por conflictos, guerras y diversas manifestaciones de violencia social. A pesar de que en 1980 había culminado la época del Presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, Francisco Morales Bermúdez, una de las expresiones de agitación social más próxima a la actualidad, ha sido la “guerra popular” que desencadenó Sendero Luminoso con la finalidad de poseer el poder del Estado, iniciando su siniestra organización el 17 de mayo de 1980, con la quema de ánforas; seguidamente el MRTA, también se unió al movimiento anteriormente mencionado. A partir de la fecha, en el Perú se inició un proceso de conflicto armado interno que duró dos décadas (1980-2000). Ya, en el Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980), se retornó a la democracia juntamente con la amenaza terrorista de Sendero Luminoso liderada por Abimael Guzmán, profesor, en aquel tiempo, de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, quien con una organización sistemática y funesta realizó torturas, masacres, violaciones sexuales a mujeres, matanzas, secuestros, cautiverio de comunidades indefensas y otras acciones que infringían los Derechos Humanos. En 1981, además de esta rebelión, el Perú también sufrió un enfrentamiento con Ecuador, ya que tropas ecuatorianas invadieron la región nororiente peruano, Paquisha. Pero la honorable labor que realizaron los agentes de seguridad previno mayor caos. En cuanto a los actos de vandalismo realizado por el PCP - SL, en un inicio, el Gobierno de Belaúnde no tomó importancia o mejor dicho no observó la gran magnitud de esta agitación social realizada en el departamento sur andino de Ayacucho, pero sí ordenó a las Fuerzas Armadas y a la PNP controlar a los subversivos, quienes por medio de un plan generaron una serie de atentados como fue el Caso Uchuraccay, que se realizó en dicha comunidad localizada en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho el 26 de enero de 1983, donde fueron asesinados 8 periodistas junto a su guía y un comunero uchuraccaíno. Este caso es juzgado por la CVR de la siguiente manera:
“Que diversos agentes del Estado —los sinchis e infantes de marina, el jefe del Comando Político Militar y el propio Presidente de la República— alentaron esta conducta, fomentando la ruptura del monopolio del uso de la violencia legítima por parte del Estado”. (1)
Posteriormente, en el Gobierno de Alan García, en 1886, el ejército provoca una revuelta en un penal de Lima donde fallecieron aproximadamente 300 insurrectos. García Pérez, al igual que Belaúnde Terry no pudo frenar estos alzamientos subversivos, para lo cual continuaron aún en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995). Este gobierno fue muy criticado, ya que, debido a las medidas drásticas que tomó este, se considera que eran únicamente para que prevaleciera en el poder Alberto Fujimori. En 1992, se realizaron, como era de esperarse, una serie de acontecimientos como la matanza en el penal Castro Castro, los explosivos colocados en el Jirón Tarata de Miraflores, donde se ha registrado un número de 29 muertos y 100 heridos aproximadamente y finalmente la fecha que marcó ciertamente al Perú, el 12 de setiembre del mismo año, día de la captura del líder terrorista maoísta Abimael Guzmán. Luego de la captura del cabecilla, Sendero empezó a dividirse y a bajar la guardia, pero, si bien es cierto, su lucha asesina continúa: “Después de dos ofensivas militares y el golpe neurálgico sufrido el 12 de setiembre de 1992, Sendero ha logrado sobrevivir” afirma el analista Carlos Tapia. Luego de todos estos hechos, Guzmán Reynoso solicitó al Gobierno de Fujimori “conversaciones de paz”, al igual que al Gobierno de Valentín Paniagua (2000-2001). En su momento, los integrantes que fueron partícipes de la masacre desatada en los 80’ fueron juzgados ante una corte. Hoy en día, cumpliendo sus condenas salen a la luz del día, como es el caso de Lori Berenson quien ha cumplido las tres cuartas partes de su condena (15 años), y considera culminar los 5 años que restan en su país natal, Estados Unidos. Para ello el ministro de justicia, Víctor García Toma, afirma lo siguiente a RPP Noticias:
"Si el Poder Judicial dice no, el proceso se trunca. Aquí vienen dos reflexiones: que se trata de un trámite largo y moroso; y que no se puede garantizar que el Poder Judicial vaya a imponer el traslado porque en el ejercicio de su autonomía e independencia puede decir que no con la misma autonomía que ahora ha dicho que sí procede la libertad condicional de Berenson".(2)
Lamentablemente, esta es una situación de la cual todavía nuestra sociedad no puede olvidar. ¿Continuarán los enfrentamientos masivos?, ¿Los integrantes que participaron en las revoluciones, culminando su condena, saldrán de las cárceles?, ¿Será posible convivir con esas personas?; un sin número de preguntas nos realizamos pero lo único que esperamos es que nunca más se vuelva a repetir.Referecia
(1) Informe CVR, tomo V, 2.4. EL CASO UCHURACCAY, página 169.
Fuentes Consultadas
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